Municipalizar: un nuevo verbo eficiente, rentable y posible

¿O quizás deberíamos decir en Cádiz re-municipalizar? Efectivamente, la Real Academia de la Lengua define municipalizar como municipalizar “convertir en municipal un servicio público que estaba a cargo de una empresa privada”. Pero en nuestra ciudad el caso es el contrario: lo que era del municipio (de todas y todos los gaditanos), desde el año 2000 se transfirió a unos pocos mediante la privatización de los servicios. Por ello, como es hora de devolver al pueblo el control de lo que es suyo, hay que inventar palabras y tenemos que forzar el lenguaje empleando un extraño verbo: remunicipalizar, que por no estar ni el diccionario está. Pero nos entendemos ¿no? Vamos a fijar una estrategia de recuperación progresiva de la gestión pública de los servicios municipales externalizados.

El argumento que se empleó para contratar a empresas como Licuas SL, Limasa, Expertus, Acciona Facility Services, Medios Acuáticos SL, Arasti Abarca, Eulen o la UTE Sufi-Cointer en Cádiz como en tantos municipios gobernados por el PP o el PSOE en todo el país fue el que las privatizaciones ahorraban recursos del erario público. En nuestra ciudad podemos extraer algunas primeras conclusiones de la experiencia: el servicio prestado se ha ido deteriorando, el número de personas contratadas fue descendiendo, sus condiciones salariales y laborales se precarizaron, y… la guinda: nos sale más caro a las y los contribuyentes gaditanos.

Los presupuestos municipales no solo sufragan el coste del servicio, sino que además la factura se recarga con el IVA –que según las actividades se les aplica entre un 10% y un 21%- por un importe que alcanza anualmente entre 3.500.000 y 4.150.000 euros. Y, además con un Beneficio Industrial para el conjunto de las empresas adjudicatarias que haciendo una estimación “prudente” a la baja puede alcanzar la cantidad de entre 1.500.000 y 1.900.000 euros.

Falacia desmontada. Pero claro ¿cómo volver a municipalizar? En primer lugar –con la información de la que disponemos- los contratos expiran entre los años 2015 y 2018, por tanto, la mayoría, van a estar vigentes una buena parte de esta legislatura. Cuando terminen, si conseguimos el gobierno de la ciudad, desde Por Cádiz sí se puede, vamos a proceder a su extinción y no renovación aunque revisando caso por caso. Se nos dice, eso no es conveniente. ¿Acaso es más conveniente seguir pagando beneficios privados y el IVA correspondiente de forma innecesaria pues la gestión municipal directa no lo soportaría?

¿Tenemos las manos atadas hasta la extinción de los contratos? No, en absoluto. Caso a caso analizaremos los costes de la rescisión unilateral del contrato antes de su fecha de finalización, para comprobar si es posible acelerar la devolución de la gestión del servicio al Ayuntamiento. Se nos dice eso es muy caro, pero nadie nos presenta cuentas. Vamos a hacerlas.

Pero no solo eso. La legislación que los regula no es óptima y habrá que cambiarla a escala estatal y mediante regulación autonómica y municipal de los contenidos de los pliegos, así como de la enumeración de los servicios no privatizables. Tiempo al tiempo, pero mientras tanto vamos a usar todos los recursos a nuestro alcance para acabar con el latrocinio de las arcas públicas.

Se nos dice: lo que proponéis es imposible, la ley no lo permite. Sin embargo, tras analizar toda la normativa vigente aplicable y particularmente la Ley de Contratos del Sector Público y modificaciones, por la que se rigen también los municipios, se puede deducir que esa misma normativa permite “anticipar” la re-municipalización sin coste económico en ciertos supuestos de incumplimiento.

Por ello, si el día 13 de junio conseguimos un nuevo gobierno del cambio, vamos a realizar varias acciones. En primer lugar auditar todos los contratos de externalización de servicios de forma exhaustiva para analizar su legalidad y sus incumplimientos. Para ello la Ley de Contratos del Sector Público contiene elementos para declararlos nulos, anulables o imponer sanciones importantes a las empresas concesionarias por incumplimiento. En segundo lugar vamos a equiparar, precisamente usando el remanente de ahorro que supone la desprivatización, a las personas de los servicios públicos remunicipalizados a las mismas condiciones laborales que el personal municipal, lo que supone una inyección positiva en la masa salarial de la ciudad que beneficiará al conjunto de la actividad económica.

Así, sin detenernos mejoraremos la vida de nuestras gentes en nuestra ciudad.

Artículo de José María González ‘Kichi’, candidato de Por Cádiz sí se puede a la Alcaldía de la ciudad; Manuel González Bauza, número 3 de la lista Por Cádiz sí se puede, trabaja en el área de medio ambiente del Ayuntamiento; y Carlos Vila, abogado experto en derecho administrativo.